Cárceles para niños
El Sistema Penal Juvenil en Honduras
Una necesaria apuesta por la intervención de calidad
Autor invitado: Luis Fernando Reyes
Especialista en Derecho Penitenciario
Máster en Administración y Gerencia Pública
Catedrático CEUTEC
I. La realidad
Con la reciente creación del la Direccion Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
(DINAF) se pretende dar un giro positivo en la gestión a favor de los menores infractores en
Honduras.
La población de menores infractores en el 2015 asciende aproximadamente a 315 con
proyección al alza, sin que hasta la fecha las Políticas Publicas y Penales hayan sido de fuerte
impacto.
Existen diferentes problemáticas; entre otras las que podemos visualizar en el siguiente
gráfico pero todas subyacen en:
- Distancia entre el discurso normativo y la realidad a la que se enfrentan los menores acusados de haber infringido la ley penal.
- Se prioriza la represión sobre las políticas de prevención de la criminalidad y violencia.
II. Nuestro análisis
Analizando a corto plazo los dos aspectos del menor infractor basado en los estudios
socieconomicos,y criminológicos podríamos afirmar que :
El Niño empieza su camino en el mundo criminal comenzando con el riesgo social.
Según los estudios el noventa por ciento de los menores infractores sufren exclusión social
entre otras por:
a) Desintegración familiar
b) Conducta criminal de sus padres
c) Abusos cometidos a dicho menor
d) Abandono
Dichas conductas expusieron a los menores a la vida callejera encontrando una basta
experiencia en la escuela del crimen.
En este aspecto el Estado no ha sabido concretizar las
políticas públicas de juventud y niñez, diseñadas con el claro objetivo de acaparar este
sector poblacional y tutelarlo mediante instituciones efectivas que incorporen al niño al
mundo educativo y social.
Analizando la problemática con perspectiva posterior al fenómeno riesgo social, nos
encontraremos con un menor infractor que obtiene una basta experiencia en la vida criminal,
convirtiéndose en adulto experto y amante de la violación del sistema jurídico penal.
“Es decir que la ineficacia de los planes socioeducativos del sistema penal juvenil son
inoperantes y nos atreveríamos a decir que a veces son contraproducentes en la lucha
contra esta problemática”.
“El Estado en muchas ocasiones detuvo a menores en riesgo social y los trasladó a los
centros de detención por no encontrar con espacios adecuados de guarda, involucrando a
dichos menores con otros detenidos por pertenecer a maras y pandillas”.
“Al poco tiempo estos menores, eran reclutados al interior del centro, convirtiéndose en
pandilleros fieles a la organización (Necesidad de pertenencia y afecto)”.
Según las estadísticas consultadas el 95 por ciento de los menores infractores
continúan su vida criminal y pasa a ser parte del sistema penitenciario adulto.
El otro fenómeno que ha revitalizado y hasta potenciado a las maras y pandillas ,es el
uso del Derecho Penal del enemigo1
que utiliza el Estado para el combate criminal, y que no
da a las personas la oportunidad de enmienda (de resarcir el daño).
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Esta tendencia asume que las personas que delinquen no respetan las normas penales y por lo tanto, se les
debe excluir del Derecho penal ordinario, teniendo como consecuencia el no tener el derecho a los principios
garantistas penales.
“En conclusión podemos decir que los centros de
reeducacion para menores han sido ineficaces en la
transformación de los jóvenes que han ingresado por una
infracción penal y no han podido evitar que continúen su
actividad criminal, terminando como adultos en los centros
penitenciarios para mayores o con la trágica muerte”.
III. Algunas alternativas
La solución a esta problemática es demasiado compleja, pero comenzaríamos
sugiriendo:
a) Alianzas interinstitucionales entre los diferentes organismos encargados
de los centros de menores en riesgo social y los centros de detención de
menores infractores.
b) Estructurar programas destinados a cada una de las etapas que esta
sufriendo el menor y evitar el perfeccionamiento del delincuente que
abate la seguridad del pueblo hondureño.
c) Voluntad política y búsqueda del apoyo ciudadano
d) Educación que promueva a la familia como el valor de referencia
e) Generar espacios de diálogo entre los diferentes sectores, para revitalizar y
potenciazar las políticas publicas que tiendan a prevenir que los jóvenes y niños
entren al umbral criminal por medio del riesgo social.
f) Crear mecanismos más efectivos de accesibilidad que permita identificar y tratar
a esos niños que son victimas de un sistema desigualitario, y que produce efectos
devastadores en los más desposeídos.
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